“No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”, expresó el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador cuando aún se encontraba en campaña política como precandidato de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para las elecciones presidenciales del primero de julio del 2012.
El 28 de febrero del 2019, el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales para la creación de la tan proclamada Guardia Nacional (GN), la cual tenía como objetivo primordial, convertirse en un órgano adjunto que fungiera como apoyo “temporal” en las tareas de seguridad pública concernientes a las entidades federativas y municipios, esta última dependiendo enteramente de la federación como dictamina la Carta Magna, estableciendo así un límite de cinco años para el uso de las fuerzas militares en encomiendas relacionadas con la seguridad pública. Tres meses más tarde, el 27 de mayo de 2019 entró en vigor de igual manera la Ley de la Guardia Nacional encargada del actuar de dicha corporación por parte del Senado de la República.
Esta nueva Guardia estaría conformada principalmente por miembros de la policía federal y activos militares, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como por marinos pertenecientes a la Secretaría de Marina (SEMAR); de acuerdo con datos específicos brindados por el gobierno de México, para abril de 2020, de los 76,773 efectivos desplegados, el 76% de estos fueron provenientes de ambas ramas de las fuerzas armadas siendo 52,553 ex integrantes tanto de la policía militar como de la policía naval, dejando así solamente 18,240 exagentes de la ya difamada y notoriamente desprestigiada policía federal, a la que el actual representante del ejecutivo federal le perdió la fe hace ya mucho tiempo, con un repudio impresionante a la misma, atribuyendo la culpa de la precariedad de este órgano policiaco a los antiguos “gobiernos conservadores neoliberales”.
A la fecha, desde su creación y entrada en operación el 31 de diciembre del 2019, la GN está conformada por más 118,000 elementos, de los cuales 105,000 pertenecen a las fuerzas armadas, de acuerdo con datos oficiales proporcionados el pasado 23 de mayo por Luis Rodríguez Bucio, Comandante General de la Guardia Nacional. Dicho comunicado pone en tela de juicio la anexión de GN como órgano operativo civil, debido a su amplio desapego de la sociedad y su estrecha, si no es que absoluta adherencia a la fuerza castrense, siendo esta una clara contradicción a las propuestas de campaña hechas por el actual presidente de la República, las cuales sostenían que el mantenimiento del ejército en las calles, no sólo era una clara inconstitucionalidad, sino que a su vez traía desvalorización y una aguda falta de cuidado a la investidura militar; en palabras del entonces candidato a la presidencia, “su encargo (el del ejército) es defender la soberanía nacional” y no sostener labores de seguridad pública.
Comentarios como esos fueron incentivados directamente por la guerra contra el narcotráfico propuesta y encabezada por el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, a la que dio inicio el 11 de diciembre del 2006. Citado enfrentamiento produjo devastación social y muerte con el único fin de “recuperar el territorio” (nombre oficial de la operación militar), de manos de los carteles de la droga, un sexenio en el que el ejército estuvo en las calles tomando el rol de la policía federal preventiva, dejando un saldo de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 21,613 homicidios y más de 8,000 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por flagrantes violaciones y abusos de poder debido a la falta de un marco jurídico que regulara y mantuviese a raya a las tropas militares.
Desde el punto de vista de muchos expertos en la materia, se prevé que el mismo, si no es que un futuro más lamentable, le espere a nuestro país, como consecuencia del decreto publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde se establece la incorporación del control de la GN a la SEDENA para actuar como órgano regulador; esta unión resultará ser perjudicial para la sociedad civil, debido a que esta iniciativa propone otorgar fuero militar a sus integrantes, permitiendo a estos ser únicamente juzgados por sus actos por un tribunal militar, de acuerdo con lo conferido en el artículo 57 de la Ley de la Guardia Nacional:
“Sin perjuicio de lo anterior, el personal militar asignado a la Guardia Nacional continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el Libro Segundo del Código de Justicia Militar que atenten contra la jerarquía y la autoridad’, reza el artículo.”
Esto recae en las acciones ilegales cometidas por elementos de la GN, puesto que serán arbitrados por la justicia militar, contando esta institución jurídica con una reputación ampliamente cuestionable debido a su susceptibilidad a la impunidad en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos cometidas por sus mismos integrantes.
Parece ser que la clara falta de efectividad y conciliación del orden público ha hecho cambiar de parecer al presidente, ya que la promesa de unificar una nueva policía federal con carácter civil, que funcionara en pro de la ciudadanía con el fin de hacer disminuir los índices delictivos en la nación ha quedado en el pasado. La carencia de resultados y los escándalos de las últimas semanas relacionados con las labores de espionaje presuntamente conducidas hacia periodistas y defensores de derechos humanos, han dejado al descubierto la rápida transición del ejército hacía labores de seguridad civil.
A todas luces, se ha visto que durante los últimos cuatro años, la administración en turno ha decidido otorgar labores extraordinarias a la milicia, contemplando desde el control del proceso de inoculación nacional contra la pandemia de COVID-19 y la construcción de obras de carácter público hasta el control parcial/total de las aduanas y puestos fronterizos, siendo estos últimos ejemplos, muestras claras de inconstitucionalidades conforme a lo establecido en el **artículo 129 Constitucional: **
“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”, reza el artículo.
Por si todo lo anterior no fuese suficiente, el pasado 4 de octubre el Senado de la República extendió la presencia del ejército en las calles con funciones de seguridad pública hasta 2028. El pleno aprobó la permanencia con 87 votos a favor y 40 en contra, con base en las modificaciones hechas al quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, anteriormente citada, enunciando que ahora el Ejecutivo Federal deberá de presentar un informe semestral de rendición de cuentas sobre la gestión de los cuerpos militares en labores de seguridad pública, y ya no de forma anual conforme a lo previamente estipulado en la última reforma al artículo 76 en 2019, todo esto bajo la premisa de que el ejército deberá actuar **"**de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria" con relación al pronunciamiento emitido por la CNDH para el control de los mandos militares en las labores de carácter civil. Finalmente, la minuta regresará a la Cámara de Diputados para que sea aprobada o rechazada, dado sea el caso.
En síntesis, el rol de las fuerzas armadas en México ha cobrado terreno, pero, ¿cuánto más falta para que cobre poder?, o más bien, ¿ya tiene el poder? Personalmente considero más que claro que la opinión pública se encuentra polarizada, entre fervientes partidarios de políticas coercitivas, con el objeto de procurar por el bienestar de la seguridad pública, y un gran bloque de la ciudadanía que se ve atemorizada al percibir que sus derechos humanos podrían verse seriamente amedrentados a cambio de una dudosa estabilidad social; a fin de cuentas queda a la opinión del público en general, formular su propio juicio de valor al respecto, ya que en un sistema democrático como en el que vivimos el dedo sobre el reglón lo pone el ciudadano de a pie, quien es aquel que se ve directamente afectado o beneficiado por las leyes que se promulguen o deroguen.
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