Atendiendo a la gestación de una peligrosa costumbre, formándose en el seno de la confrontación política del Poder Judicial, especialmente desde aquel aciago día del catorce de diciembre del año anterior; cuando Lenia Batres Guadarrama, autodenominada “la ministra del pueblo”, asumió su función tras la renuncia del ex ministro Arturo Zaldívar.
El discurso con el cual la ministra Batres tomó su protesta constitucional como miembra del tribunal constitucional de nuestro país, no representa la justicia, los principios o alguna manifestación de la autonomía e independencia judicial; por el contrario, enarboló un proyecto de nación de formación política, dejando en claro que la tendencia de la designación premia a los militantes e ignora dolosamente a los candidatos quienes poseen una impecable carrera judicial.
Desde su designación, la ministra Batres ha enfocado su fuerza de trabajo a la controversia, comenzando por sus columnas en El Universal. Desde el principio se extendió la queja de la ministra por la carga de trabajo que le fue asignada, herencia de la -im-productividad de Zaldívar; lo cual causó agitación entre los del gremio, especialmente con quienes forman parte de la labor jurisdiccional, que desempeñan sus funciones al servicio de la justicia, pues llegan a dedicar largas horas fuera del horario laboral para desahogar la sobresaturación de las instancias judiciales.
En días recientes, a través de una de sus columnas titulada “La politizada agenda de la SCJN” abordó el tema de las acciones de inconstitucionalidad durante el actual sexenio. Cual comité de Defensa de la denominada Cuarta Transformación, se desentendió de los razonamientos jurídicos detrás de los estudios de forma y fondo por los que se invalidaron las más de setenta disposiciones; calificando el ejercicio de una facultad constitucional como ABUSIVO.
El tema es más grave aún cuando se observa que es en este sexenio en el que se ha recurrido más abusivamente a la invalidez de normas legislativas.
–Lenia Batres Guadarrama, 2024. El Universal.
La confrontación de la ministra Batres con la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ve reiterado en la clara incompetencia visible en las sesiones del tribunal pleno. En este sentido, su ponencia ha desarrollado un trabajo fenomenal tratando de encuadrar posiciones tan obtusas en el derecho y haciendo el intento de formular una lógica jurídica que logre subsumirla.
Las acciones de inconstitucionalidad son un mecanismo de control de constitucionalidad del Poder Judicial sobre el Legislativo, este es convocado, según el artículo 105 de la CPEUM por un tercio de la cámara, el Ejecutivo, las legislaturas locales, los partidos políticos, CNDH, INAI y FGR. En este sentido la ministra ha acusado, cual satán, a la SCJN por resolver las acciones de inconstitucionalidad planteadas a lo largo del sexenio. Olvidándose de que el síntoma republicano por excelencia es la división de poderes y confrontación de competencias.
La ministra reconoce que de la centena de declaraciones de invalidez resultante de acciones de inconstitucionalidad promovidas desde el inicio del milenio, al menos tres cuartas partes corresponden al sexenio actual. Esto como prueba de un fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, así como evidencia del comportamiento opresivo de la nueva configuración de mayorías políticas en el Poder Legislativo.
La realidad supera la intención del revisor constitucional pues, ante panoramas de simulación legislativa y clientelismo parlamentario al presidente, una Suprema Corte estará para defender el proceso democratico fundamental que dota de legitimidad a la norma expedida. La configuración parlamentaria de mayoría morenista en reiteradas ocasiones ha pretendido violar el proceso legislativo, visto en la declaración de inconstitucionalidad de las reformas al “Plan B” y las reformas aprobadas en el llamado “viernes negro” del Senado, cuando de forma unilateral se optó por sesionar en una sede alterna solo con los miembros de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Verde Ecologísta de México.
La ministra junto a sus simpatizantes no advierten que la inconformidad, incluso descontento, se sustenta en la frustración de los vicios maliciosamente cometidos por las mayorías; desencadenando venganzas políticas en los ajustes presupuestarios. Celebro que la ministra haya sido incluida a la discusión de la SCJN, no por su incompetencia, sino porque su figura reitera la necesidad de aspirar a un poder judicial técnico y capaz, demostrado mediante sus oposiciones, pero también porque simboliza los riesgos de la corrosión política del Poder Judicial.
La ministra Batres, irónicamente, apunta con su índice la politización de la Suprema Corte, mientras que alude al discurso populista del oficialismo para redireccionar la culpabilidad de quebrantar la normalidad constitucional y proliferar la venganza política.
No tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una constitución subordinada a la Suprema Corte.
–Lenia Batres Guadarrama, 2024. SCJN.
La visión positivista y simplona del derecho de la ministra, no solo es beneficiosa para la necesidad jurídica del oficialismo para mantener una aliada al interior del tribunal pleno, sino que también entorpece las discusiones en materia de Derechos Humanos, favoreciendo mayormente una supremacía expresa sobre la ductilidad del derecho y la interpretación conforme.
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