Quienes tras largos intentos de capturar el poder finalmente lo logran, difícilmente lo ceden o comparten; agotarán todos sus medios, disponiendo incluso del aparato y los recursos del Estado para efectuar su cometido, transgrediendo la ley de ser necesario. La administración federal encabezada por el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ha perpetrado constantes campañas con el propósito de no solo deslegitimar, sino también amedrentar al Poder Judicial, especialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de recordar como, a auspicio presidencial, un pelotón de personas afines a la denominada “Cuarta Transformación” quienes con pancartas amenazantes y hasta un féretro con la imagen de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernandez, pretendieron insatisfactoriamente acoquinar las decisiones de nuestro Tribunal Constitucional en las determinaciones de las controversias del “Decretazo” y el “Plan B”.
En semanas recientes un nuevo vértice en el panorama político causó el revuelo de la ciudadanía y en el ámbito jurídico. La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, quien tras haber sido difamada por el presidente, quien afirmó falsamente que ella había votado en contra de las pensiones a los adultos mayores, recurrió a pronunciarse públicamente ante la mentira; por esto, la senadora promovió un amparo con el cual se le concede el derecho de réplica; con este recurso en mano acudió a Palacio Nacional a la mañanera del presidente, quien le cerró la puerta de la residencia presidencial, negando con ello la determinación del juez. Tras este suceso, una serie de “mercenarios digitales” promovidos por el ejecutivo, replicaron los insultos y las injurias que se comenzaron a murmurar en los interiores de Palacio Nacional.
Por fundamento de lo anterior, en lo cual se sustentó la determinación judicial, debemos recordar que el artículo sexto constitucional señala que la manifestación de ideas no es objeto de inquisición judicial o administrativa, con excepción de los ataques a la moral, la vida privada, los derechos de terceros así como de las perturbaciones del orden público, siendo este el sentido en el cual se puede ejercer el derecho de réplica.
Inconforme con esta situación, el presidente, que previamente había declarado que “se reservan el derecho de admisión” en una conferencia pública financiada con los recursos del Estado, destacó que presentaría una apelación a la sentencia del juez. Los días transcurrieron y se continuó mencionando, en completa hostilidad, a la senadora, por lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) admitió en la Comisión de Quejas y Denuncias la procedencia de la aplicación de medidas cautelares para que el presidente dejase de mencionar tanto a la senadora como al proceso electoral del 2024, con el propósito de procurar los principios de neutralidad e imparcialidad, así como el extrañamiento por el uso indebido de los recursos públicos implementados en la mañanera. Pero no ha sido la única falta en la que ha incurrido el presidente en este caso, debemos recordar por añadidura la publicación de información fiscal privada, altamente confidencial; la comisión de violencia política de género; entre otras características próximas a la persecución política.
A esto, ¿cuál ha sido la respuesta del Titular del Ejecutivo? Respecto de la aplicación de las medidas cautelares y en un acto de total desconocimiento de la Constitución, acusó al INE de querer “censurarlo”, por otro lado, desconoció la violencia política de género, invisibilizando la causa del movimiento feminista, así como los logros en materia de paridad de género en la política. Es irónico, siendo que el 25 de noviembre del 2020 afirmaba que la “Cuarta Transformación es feminista”. Empero, la más contundente de las respuestas corresponde a la que le envió a Martín Adolfo Santos Pérez, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la que arremete en su contra por tener entre sus facultades el conocimiento de demandas de amparo, denominandole “malicia efectiva”.
"[…] Usted actúa como juez de consigna. […] el de la malicia efectiva es usted. Fue usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. […] Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado “Estado de Derecho”, que no es más que un “estado chueco”, y que la justicia no les importa; […] Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación que evidencia su deshonestidad propia de los conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento […]."
*Andrés Manuel López Obrador, Titular del Ejecutivo Federal, 9 de agosto del 2023. *
El presidente, a lo largo de su trayectoria política ha sido conocido por oponerse y desacatar el derecho de amparo, figura jurídica de suma importancia para el respeto de los derechos de las personas y fundamental para el control constitucional; de hecho, Andrés Manuel López Obrador fue principalmente conocido por el caso de desaforación por el desacato de un recurso de amparo durante su gestión como Jefe de Gobierno del aquel entonces Distrito Federal. Es importante señalar que el incumplimiento reiterado del recurso de amparo es motivo de separación del cargo del responsable, así como la sanción penal de las suspensiones concedidas bajo este mismo principio. Conociendo el antecedente, es inferible la motivación detrás del reiterado rechazo al amparo y las herramientas de control constitucional.
Este tipo de determinaciones causan una gran incertidumbre, puesto que como se ha comprobado anteriormente, el presidente ya ha desacatado en diversas ocasiones recursos de amparo, así como cometido violaciones a la Constitución, entre otras leyes. En este sentido, es atemorizante el panorama en el cual transita el Ejecutivo Federal, donde por el clamor de una supuesta “voluntad popular” deslegitima hasta la misma Carta Magna. Los operadores jurídicos han enfrentado ataques sistemáticos desde el comienzo de la administración, al punto de pretender reemplazar al Poder Judicial, faltando explícitamente al principio republicano consagrado en el artículo 40 constitucional, que tiene por razonamiento el consecuente de los artículos.
Bajo la mencionada perspectiva, el presidente ha optado por el camino de la transgresión, en donde a merced de su voluntad le es válido desunirse del Estado de Derecho y de la pauta imperante que constituye a nuestra nación; el retroceso en el panorama del reconocimiento de los derechos y garantías mediante el reclamo promovido en los recursos jurisdiccionales es angustiante. El arremeter en contra de los miembros del Poder Judicial de la Federación, en ánimos hostiles, originados en un delirio de grandeza que se pretende justificar en la elección popular con propósito de invadir facultades de otro Poder de la Unión, es alarmante. Es la sintomatología de un autócrata que, caracterizado por rodearse de aduladores y engrandecedores del culto de la personalidad, motiva el desmembramiento de nuestro marco normativo así como del reconocimiento de la justicia y los derechos. El presidente se ha enemistado tanto con la administración de justicia, al punto de pretender suprimirla con facultades que ilegítimamente se ha atribuido. A título personal, me parece preocupante el riesgo en el que está la observancia del imperativo constitucional por sobre todos los Poderes de la Unión, siendo el preámbulo de un demencial y caótico panorama para el mundo jurídico al cual se le pretende aplicar una moción de censura mediante los poderes fácticos.
Me es esencial expresar mi solidaridad con aquellas y aquellos operadores jurídicos que en su labor por la procuración de la preponderancia de los derechos y la impartición de justicia han sido amenazados, injuriados, insultados e incluso privados de la libertad, producto de la descortesía que en los ánimos despóticos de los actores políticos, han perpetrado acciones tiránicas con la que intentarán extinguir nuestra misión; pero como diría el ministro Alberto Perez Dayán: “Estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”.
Referencias
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- Artículo 6, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 1917.
- Artículo 40, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 1917.
- Artículo 41, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 1917.
- Artículo 107. f. XVI, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 1917.
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