En los últimos años, la digitalización se ha presentado como una solución rápida y aparentemente eficaz a los problemas estructurales de los gobiernos. Sin embargo, esta visión responde más a un idealismo irreal que a una solución verdaderamente integral. En este sentido, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en México no debe entenderse únicamente como un avance hacia la modernización, sino como un proyecto que conlleva riesgos significativos. Aunque se plantea como una estrategia para mejorar la eficiencia, la transparencia y la gestión pública, en realidad puede representar una amenaza para derechos fundamentales, profundizar desigualdades existentes y abrir nuevas formas de corrupción.
La ATDT fue oficialmente anunciada el 14 de noviembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entró en función el 1 de enero de 2025; fue creada mediante un decreto que reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Su objetivo es simplificar procesos federales, fortalecer la independencia tecnológica del país y unificar la política digital. No obstante, detrás de estos objetivos aparentemente positivos, se esconden problemáticas que merecen un análisis crítico.(El Economista, 2024)
Uno de los principales riesgos radica en la concentración excesiva de datos personales. Centralizar la información de millones de personas en una sola institución implica otorgar un poder sin precedentes sobre su vida y despojarlos de su privacidad. El derecho a la privacidad, según la Constitución Mexicana dictada en el artículo 16 de la misma es entendido como la facultad de toda persona para controlar su información personal y decidir quién puede acceder a ella; este derecho se ve seriamente amenazado en este contexto. Datos sensibles como identidad, salud, situación financiera o historial educativo podrían quedar expuestos ante fallas de seguridad, filtraciones o incluso usos indebidos por parte del propio Estado. La experiencia internacional ha demostrado que ningún sistema es completamente seguro; por el contrario, mientras mayor sea la concentración de información, mayor será el impacto de cualquier vulneración. En el caso de México, estas inquietudes no son solo teóricas. La utilización de software de espionaje como PEGASUS ha puesto en evidencia cómo se pueden usar los instrumentos tecnológicos de manera inapropiada para intervenir las comunicaciones de activistas, periodistas o ciudadanos. Este precedente pone de manifiesto que la concentración de capacidades tecnológicas en poder del Estado, sin controles apropiados, puede desembocar en infracciones graves a la privacidad y a derechos fundamentales.(Amnesty International, 2022)
Asimismo, la digitalización no garantiza per se condiciones de igualdad en el acceso a los servicios públicos. Existe una presunción equivocada de que todas las personas pueden acceder fácilmente a plataformas digitales; Cuando en realidad, persiste una brecha digital estructural. De acuerdo con datos recientes del INEGI, aproximadamente el 75% de la población mexicana tiene acceso a internet, lo que implica que cerca de una cuarta parte del país aún no cuenta con conectividad.(INEGI, 2023) Esto afecta principalmente a personas de bajos recursos, adultos mayores y habitantes de zonas rurales, quienes corren el riesgo de quedar excluidos de servicios esenciales si estos se trasladan predominantemente al ámbito digital. Lejos de democratizar el acceso, una agencia de este tipo podría consolidar una nueva forma de desigualdad: la exclusión tecnológica.
Por otra parte, la creación de esta agencia abre paso a riesgos relacionados con la corrupción tecnológica. La contratación de software, infraestructura y servicios digitales puede dar lugar a un ambiente favorable para prácticas poco transparentes. Estos procesos tienden a ser más difíciles de identificar que la corrupción convencional, debido a su complejidad técnica y al escaso conocimiento especializado de las personas. Esto podría dar lugar a favoritismos, dependencia desmedida de determinados proveedores tecnológicos o aumentos injustificados en los costos de implementación.
Finalmente, resulta alarmante la posible falta de controles democráticos efectivos. Una institución con amplias facultades tecnológicas podría operar con altos niveles de discrecionalidad si no se establecen mecanismos claros de rendición de cuentas. El uso de algoritmos, la automatización de decisiones y la gestión masiva de datos requieren supervisión constante para evitar discriminación algorítmica, abusos de poder o decisiones opacas que afecten directamente a la población,
En conclusión, aunque la transformación digital es necesaria e incluso inevitable para el desarrollo del país, la creación de una Agencia de Transformación Digital no constituye, por sí sola, la mejor ni la única vía para lograrlo. Sin un marco sólido que garantice la protección de derechos, la inclusión digital y la transparencia, esta propuesta puede generar más problemas de los que pretende resolver. No toda modernización implica progreso, especialmente cuando se construye a costa de la libertad. Modernizar no debe significar centralizar el poder ni poner en riesgo libertades fundamentales; la tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés.
Referencias
Rojas, A. (2024, November 14). Gobierno presenta la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/gobierno-presenta-agencia-transformacion-digital-y-telecomunicaciones-20241114-734183.html
de, N. (2023). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023. Inegi.org.mx. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2023/
The Pegasus Project: How Amnesty Tech uncovered the spyware scandal – new video. (2022, March 23). Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/the-pegasus-project-how-amnesty-tech-uncovered-the-spyware-scandal-new-video/
