De las noticias de mayor resueno últimamente en el ámbito jurídico de la vida pública y de gobierno ha sido el decreto presidencial publicado el 23 de noviembre del presente año. En este, el presidente declara a todos su proyectos actuales, el tren maya, la refinería, el aeropuerto, etc, como tema de seguridad nacional.
El hecho de que se nombre como tema de seguridad nacional crea varias cosas, entre ellas, todos los permisos, dictámenes y licencias que estas involucran tendrán que ser otorgados por las dependencias correspondientes puesto que es de interés del pueblo. Otro de los temas que atrae este dictamen es que ya no tenemos derecho, por decirlo de alguna manera, de requerir información acerca de cómo, con quién y con cuánto se están llevando a cabo las obras.
Hablar de corrupción en este caso es muy delicado, puesto que en obras tan importantes como las mencionadas, y en donde es necesario ejercer presión para comprender sus fondos, no nos enteraremos de cuánto costaron sino hasta aproximadamente el 2033. ¿En verdad existe una necesidad por encubrir estos datos?
Un asunto importante a tratar es la legalidad del acto mismo, puesto que si bien el ejecutivo tiene la facultad de emitir decretos como este, no tiene facultad para intervenir tan directamente en otras leyes. Me explico, en primer lugar el hecho de que se prevea como urgente y de seguridad nacional entregar permisos y licencias directamente viola claramente muchas leyes administrativas así como leyes locales respecto el medio ambiente y el uso de suelo.
Ahora, incluso en la propia ley de seguridad nacional se menciona que “la seguridad nacional debe ser regida por los principios de legalidad, respeto a los derechos fundamentales […]” Un principio de legalidad que obliga a someter el decreto a todas las leyes con las que se involucra. Un respeto a los derechos y garantías de los mexicanos que obliga a ser transparente con las obras, así como también lo indican las leyes administrativas.
Un decreto de este tipo bloquea cualquier posibilidad a un amparo por cualquier persona con interés jurídico, desde una familia que les afecta en su propiedad el trazo del tren maya, hasta un empresario tratado injustamente en las licitaciones respecto a algún proyecto.
Es un tema de manifestación de voluntad, de poder y de discurso. La constitución prevé muchos principios necesarios para una democracia, entre ellos los ya mencionados, pero el decreto atraviesa una línea que obliga a verlo con meros fines políticos. Una especie de solución a un problema, o a futuros problemas causados por los mismos proyectos, pero solucionados con un papel, y no con acciones.
Imagen recuperada de El Financiero
