El avance tecnológico y digitalización de distintos procesos en las últimas tres décadas han dado lugar a una constante innovación y, por ende, implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en distintas tareas del día a día — evolución que ha llegado a permear incluso el ámbito legal, en particular en el ámbito del arbitraje internacional, donde el uso de la IA se mantiene como un tema de creciente relevancia para aspirantes y practicantes de la materia.
Como se menciona anteriormente, esto se debe, en gran medida, a que la IA ha comenzado a desempeñar distintas tareas tradicionalmente atribuidas a los practicantes de la materia, optimizando con ello un proceso caracterizado por el manejo de grandes volúmenes de información, lo cual ha permitido que este proceso se vuelva uno mucho más organizado y eficiente, preservando e incluso potenciando uno de sus principales atributos: el ahorro de tiempo, más es aquí donde surge una pregunta fundamental:
¿Hasta qué punto debe de intervenir la IA en los procesos arbitrales para conversar un equilibro entre el aprovechamiento de esta tecnología y la indispensable intervención humana?
Resulta pertinente mencionar como el arbitraje internacional — uno de los principales mecanismos de resolución de disputas — ha sido, en gran medida, beneficiado a partir del uso progresivo de la IA en distintas etapas del proceso, puesto que herramientas como Jus Mundi o Context han permitido a practicantes de la materia navegar y analizar grandes volúmenes de información en un menor lapso de tiempo, fortaleciendo con ello estrategias legales. Asimismo, herramientas como Arbitrator Intelligence han permitido apoyar en la selección de árbitros al proporcionar información objetiva sobre su formación y experiencia.
Kleros y Arbilex, por ejemplo, son otras herramientas que se encuentran transformado el panorama arbitral al ofrecer servicios para cada etapa del proceso, apoyando con distintos precedentes y datos relevantes al caso desde un trasfondo totalmente digital que refuerza las decisiones que se tomarán, vaya la redundancia, a lo largo del proceso.
Si bien estos programas proporcionan una cierta eficacia e incluso transparencia que debe de caracterizar al proceso, la realidad es que existe una línea muy delgada entre lo que debe ser un proceso guiado por el juicio de las personas y lo que podría convertirse en una automatización excesiva.
Una de las principales preocupaciones surge a partir de la inquietud que radica alrededor del concepto de los “árbitros robots”, cuya capacidad se cuestiona en relación con su raciocinio, interpretación de testimonios y aplicación de principios como la buena fe y la empatía. Puesto que como bien menciona Michelle Bernier en su artículo El presente y futuro de la Inteligencia Artificial en el arbitraje, “los documentos no bastan para cubrir todo el espectro de la disputa” (Bernier, s.f.), puesto que la IA tiende a limitarse a los datos y precedentes que se le han sido proporcionados, reduciendo la justicia una operación meramente algorítmica.
Más las preocupaciones no solo permanecen ahí, sino también en la posibilidad de que una de las partes cuestione la imparcialidad de la IA durante el proceso e incluso llegue a solicitar revisiones detalladas de sus códigos y algoritmos, prolongando con ello el proceso de manera innecesaria el proceso. Esto afectaría la eficacia y celeridad que caracteriza al arbitraje y la razón por la que se prioriza este método de otros. Dentro de este contexto, surge otra pregunta fundamental:
¿Es la implementación de directrices y marcos regulatorios una solución para mitigar estos posibles riesgos o una carga normativa excesiva que obstaculizaría la innovación de la IA y el proceso arbitral?
Si bien existen estas y muchas otras interrogantes por resolver, lo cierto es que la IA ha llegado para quedarse y su uso no debe de entenderse como una amenaza para los abogados y árbitros, sino como una herramienta que llegó para complementar y auxiliar su trabajo. Sus posibilidades son amplias, y su correcto uso podría marcar una nueva era de eficiencia y equidad para el derecho internacional.
