Ante una oleada de desarrollo tecnológico, la digitalización de la información ha permeado un cambio significativo en nuestros días. En este sentido, una de las áreas que más cambios silenciosos ha presenciado ha sido el campo del derecho, donde existe la noción de que la digitalización tiene el poder de redefinir las prácticas legales e inclusive las leyes. Entre los principales miedos ante la oleada de la digitalización ha sido el hecho de que la inteligencia artificial tiene la capacidad de automatizar tareas que previamente requerían horas de trabajo manual. De tal forma, por ejemplo, herramientas de análisis de documentos se piensan que podrían ser desplazadas por el uso de la inteligencia artificial, misma que tiene la ventaja de reducir el margen de error humano.
Similarmente, la inclusión de chatbots legales están siendo incluidos en las firmas de abogados como un medio para proporcionar asesoría inicial en sitios webs. A pesar de ello, el miedo más grande entre los profesionales del derecho es con respecto a la forma en la cual la inteligencia artificial está comenzando a ser empleada para predecir resultados legales y estrategias jurídicas de solución de casos.
En este sentido, los desafíos éticos de la inteligencia artificial sobrepasan las regulaciones del derecho, donde también se identifican implicaciones no sólo en materia jurídica, sino que representa una transversalidad e interseccionalidad con muchas más profesiones ajenas al derecho. En México, el contexto regulatorio aún no es claro, donde a penas a finales de agosto el Senado de la República realizó un foro con la intención de hacer un diagnóstico de la inteligencia artificial en el país y su implementación ética.
Dentro del foro participaron distintos senadores y representantes de colectivos. Por su lado, la senadora Alejandra Lagunes señaló la urgencia por establecer perspectivas humanistas que se empleen a través de la inteligencia artificial para construir y asegurar el respeto a la dignidad humana y sociedades equitativas. También compartió su postura el senador Jorge Ramírez, quien también es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, mismo que estableció que aún queda un largo camino por recorrer en dirección a mejorar los principios y la ética en la Inteligencia Artificial. Bajo la misma línea, el diputado Javier López destacó cinco ejes a considerar: el marco jurídico en ciencia, innovación, tecnología, las tecnologías emergentes, la innovación, el financiamiento y la necesidad de fortalecer la investigación.
De tal modo, los senadores parecen haber llegado a un consenso con respecto a la necesidad de actualizar las legislaciones a fin de encaminar métodos y estrategias que regulen la materia tecnológica en el contexto nacional. En este sentido, es urgente que se comiencen a tomar medidas con respecto a la regulación de las nuevas tecnologías. Asimismo, y ante la intersección de la tecnología y el derecho, es esencial observar una adaptación y evolución en nuestros marcos legales a fin de asegurar que las prácticas jurídicas sigan respondiendo a los principios más humanos del derecho: la accesibilidad, la justicia y la equidad.
Referencias
