La transparencia y la rendición de cuentas son pilares del Estado democrático y de la ética pública. En este contexto, las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos representan una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Su finalidad es permitir que la sociedad conozca el patrimonio, los intereses y posibles conflictos de quienes ejercen funciones públicas, garantizando un desempeño transparente y apegado a la legalidad. A continuación se analiza el marco normativo de las declaraciones patrimoniales, así como las omisiones institucionales que limitan su eficacia y las consecuencias jurídicas y sociales de su incumplimiento.
El fundamento jurídico de esta obligación se encuentra en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a todo servidor público el deber de presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Dicho mandato se desarrolla en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), principalmente en sus artículos 32 y 33, que establecen los plazos, contenido y procedimientos. De igual forma, el artículo 224 del Código Penal Federal sanciona la omisión o falsedad de estas declaraciones, vinculándolas directamente con el delito de enriquecimiento ilícito. México también ha suscrito instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), que obliga a los Estados a implementar mecanismos de transparencia en el ejercicio público.
Las declaraciones patrimoniales se presentan en la plataforma DeclaraNet, administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Estas pueden ser de inicio, cuando se ingresa o reingresa al servicio público; de modificación, que se presenta cada mayo por quienes permanecen activos; y de conclusión, cuando se deja el cargo de manera definitiva. En conjunto, estas declaraciones permiten dar seguimiento a la evolución patrimonial de cada funcionario. Sin embargo, el problema no radica en la obligación misma, sino en la debilidad de su verificación. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que numerosas declaraciones carecen de revisión exhaustiva y no se contrastan con información fiscal o registral, lo que limita su eficacia como mecanismo de control preventivo (García, 2025). A ello se suma una tensión jurídica entre el principio de transparencia y el derecho a la privacidad. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados impone restricciones a la publicación de información sensible, lo cual ha derivado en un acceso limitado a las declaraciones, reduciendo el escrutinio ciudadano. Esta interpretación restrictiva obstaculiza el propósito de rendición de cuentas, pues privilegia la confidencialidad sobre la publicidad de la función pública. Esta situación implica una afectación indirecta al derecho ciudadano de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6 constitucional, pues limita la capacidad de la sociedad para fiscalizar a sus servidores. Esta contradicción evidencia la necesidad de equilibrar la protección de datos con el deber de transparencia del servicio público.
Otro desafío es la falta de conexión entre DeclaraNet y otras bases de datos gubernamentales, como las del Servicio de Administración Tributaria o el Registro Público de la Propiedad. Esta desvinculación impide detectar de manera automática posibles irregularidades patrimoniales y limita la capacidad del Estado para identificar casos de enriquecimiento injustificado. Aunque existe el Sistema Nacional Anticorrupción, los mecanismos de control continúan siendo en gran medida formales y con escasa aplicación sancionadora.
El cumplimiento parcial de estas obligaciones provoca una grave pérdida de confianza institucional. Cuando las declaraciones no son revisadas ni sancionadas, los ciudadanos perciben que los funcionarios actúan con impunidad, debilitando la legitimidad del Estado. De acuerdo con El Economista (2025), la persistencia de altos niveles de corrupción en México se relaciona directamente con la falta de mecanismos eficaces de verificación y con la limitada transparencia en la gestión patrimonial de los servidores públicos.
En síntesis, las declaraciones patrimoniales constituyen un instrumento preventivo indispensable para consolidar una administración pública ética, transparente y responsable. No obstante, su impacto depende de la voluntad institucional para aplicar sanciones y garantizar una revisión efectiva. La transparencia no debe entenderse como una amenaza a la privacidad, sino como parte del deber ético que acompaña al ejercicio del poder público. Fortalecer la conexión entre sistemas y digitalizar los procesos de verificación son pasos esenciales para convertir una obligación administrativa en una auténtica política de integridad. Considero que la lucha contra la corrupción no se gana únicamente con leyes, sino con convicción y ética pública. Sólo cuando las declaraciones patrimoniales reflejen ese compromiso, y no un trámite más, podremos aspirar a un servicio público digno de la confianza ciudadana.
