Este mes de septiembre ha sido el mes patriótico más extraño que hemos visto en los últimos años. Con un uso faccioso y deleznable de la maquinaria legislativa ocurriendo tan solo 4 días antes de nuestra fiesta nacional más importante, aunado a un contexto de crisis constitucional latente. Nos es menester reflexionar sobre las motivaciones que nos llevaron a este momento; lúgubre para algunos y celebre para otros. ¿Seguiremos siendo el México que nos llena de orgullo? ¿cómo pinta el futuro de nuestra querida república representativa, democrática y federal?

Contexto histórico

Para que un estado sea considerado democrático debe de tener muchas características, como la soberanía popular, respeto al pluralismo, elecciones auténticas, respeto al principio de mayoría, supremacía constitucional, separación de poderes, etc. (TEPJF, 2010). Todos estos principios se pueden encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos formando pilares elementales de la misma. Si bien, la democracia ha funcionado como un régimen político imperfecto desde sus orígenes griegos hasta su aplicación moderna, como la mayoría de las cosas, esta ha evolucionado positivamente a prueba y error a través de distintas épocas y sociedades. Esto nos permitió ver las cosas que funcionaban y las que no a partir de patrones y tendencias para, a partir de nuestras necesidades, replicar lo bueno y evadir errores.

La democracia mexicana ha sido una historia de adaptación, inspirándose en prácticas internacionales para fortalecer sus instituciones. Desde los oscuros días del dominio unipartidista del PRI hasta el inicio de una verdadera pluralidad política, México ha enfrentado y superado numerosos desafíos. En 1968, la masacre de Tlatelolco sacudió la conciencia nacional, sembrando las semillas de un cambio que tardaría décadas en florecer. A pesar de la represión, la sociedad civil se fortaleció, exigiendo espacios de participación y transparencia, espacios establecidos mediante la misma creación de órganos autónomos. Los años 80 y 90 fueron testigos de una gradual apertura política, viendo nacer al Instituto Nacional Electoral en 1990 como el IFE, cuya autonomía y profesionalización han sido cruciales para garantizar elecciones más justas y transparentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), establecida en 1992, tomó inspiración del modelo del Ombudsman escandinavo, adaptándolo al contexto mexicano para proteger los derechos fundamentales (Cámara de Diputados,1993), así como también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, influenciada por legislaciones internacionales, ha sido fundamental para combatir la opacidad gubernamental.

“Los órganos autónomos constitucionales son productos de necesidades técnicas impostergables (INEGI, BANXICO, etc.) o de luchas ciudadanas (CNDH, INAI) el perderlas en la constitución es perder una gran riqueza constitucional. “ (Miguel Carbonell, 2024)

Estos avances, junto con la resiliente participación ciudadana, han transformado el panorama democrático mexicano. Aunque persisten desafíos como la corrupción y la desigualdad, cada nueva institución y mecanismo es un paso hacia una democracia más robusta y participativa.

La historia tiene el problema de que pasa muy rápido y tendemos a olvidarla. Celebramos días festivos cuyos orígenes de lucha y apasionadas ideas quedan perdidas en documentos y lejos de la conciencia civil. A pesar de esto, la educación mexicana (por mejor o peor que esta sea) ha establecido en la identidad de los mexicanos algunos traumas muy difíciles de dejar atrás. Recordamos a Porfirio Díaz por su cantidad de reelecciones y al PRI por su enfermiza hegemonía autoritaria; recordamos falsas elecciones y dolorosas violaciones a derechos humanos, pero poco recordamos a dónde nos llevó todo eso como sociedad. Cargamos con la memoria de penosos episodios que (algunos de nosotros) no vivimos directamente, mientras paradójicamente olvidamos las luchas subsecuentes y sus logros. Esta selectiva amnesia social nos conduce, irónicamente, a recrear los contextos que propiciaron aquellos traumas originales, perpetuando un ciclo de olvido y repetición histórica.

Situación

La madrugada del 4 de septiembre, en la sede alterna del Senado, se llevó a cabo la votación que aprobó apresuradamente la polémica Reforma Judicial. Este evento, que ya ha sido comentado ampliamente en este espacio y en todo el país, debe llamarse por lo que fue: un golpe de Estado legislativo. Se trata de una situación extremadamente grave que amenaza los principios fundamentales de la separación de poderes y el estado de derecho. Aunque el término “golpe de Estado” suele asociarse con intervenciones militares, aquí se refiere al desconocimiento del orden constitucional por parte de un órgano legítimo. En este caso, se realizaron acciones coordinadas que socavaron gravemente la independencia y funcionalidad del poder judicial.

Se ha hablado mucho sobre la votación de jueces, los jueces sin rostro y otras cuestiones muy graves que plantea la reforma. Sin embargo, entre estas polémicas se esconde un punto crucial: la eliminación de la capacidad del Poder Judicial para invalidar o suspender leyes que parezcan inconstitucionales o que violen tratados internacionales en normas generales. “Artículo 115.- […]Tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.’’ (DOF, 2024).

Sin una rama fundamental del estado mexicano encargada de revisar la constitucionalidad de las leyes, los derechos de los y las mexicanas, ciudadanos extranjeros y personas morales también quedarían desprotegidos, pues es la constitución la que los salvaguarda. Si el Poder Judicial no tiene la facultad para revisar la constitucionalidad de las leyes, el Congreso goza de total libertad para aprobar leyes que atentan abiertamente contra las libertades o derechos de los ciudadanos, como la libertad de expresión o el debido proceso. Al carecer de la facultad de control difuso y, por consiguiente, de la inaplicación generalizada, las autoridades y la población se verían obligadas a cumplir con cualquier ley vigente, incluso aquellas aprobadas sin el debido análisis, discusión y revisión, sin importar el daño integral que esta pueda causar a la estructura del país o a los individuos. De igual manera, el Poder Ejecutivo tendría la posibilidad de impulsar propuestas de política pública, decretos o reglamentos que vulneren derechos fundamentales que hoy todavía están protegidos. Esto potenciaría la posibilidad de implementar políticas públicas que violenten los derechos humanos sin ningún tipo de contrapeso que pueda proteger la integridad de los mexicanos, contrario al principio de progresividad, quedando únicamente la buena voluntad de quienes tengan el poder como último freno al abuso. Es la capacidad de la SCJN para revisar la constitucionalidad de las leyes la que salvaguarda la supremacía constitucional, el control difuso y consecuentemente los derechos de los ciudadanos; y es la supremacía constitucional lo que nos mantenía siendo un estado democrático.

La situación ha tenido un profundo impacto en la percepción de la identidad nacional mexicana, generando divisiones significativas en la sociedad debido a la controversia. El sentimiento de orgullo nacional, el cual tradicionalmente atribuimos a las luchas, instituciones y valores democráticos, se ve profundamente sacudido. La crisis de identidad colectiva en México es evidente: mientras algunos celebran el supuesto “fin de la corrupción y nepotismo” en el Poder Judicial, otros se preocupan por el ataque a las instituciones fundamentales del Estado. Por eso, para algunos, las fiestas patrias han adquirido un tono sombrío o incluso irónico, al percibir estos eventos como un retroceso democrático.

Estas divisiones y el cambio en la percepción de la identidad nacional nos llevan a una reflexión profunda sobre el significado de la democracia, la Constitución y lo que significa ser mexicano en el siglo XXI. Este debate, intenso y posiblemente prolongado, pondrá a prueba la resiliencia de la sociedad mexicana y su capacidad para reconciliar visiones opuestas en un momento crucial de su historia democrática.

Evaluación del estado actual de la democracia en México: Un espejo de contrastes

Sería ridículo negar que el Poder Judicial necesitaba una reforma. Sería ridículo tambien intentar convencerlos de que estamos perdiendo un estado de derecho perfecto a razón de esto. Los mexicanos sabemos lo mucho que nos falta avanzar en el tema de la impartición y administración de justicia y en el desarrollo sano del estado de derecho de nuestro país, y precisamente nuestro sistema político actual se presenta como un espejo que refleja tanto las aspiraciones como las frustraciones de una nación en busca de su ideal democrático.

La crisis de confianza en las instituciones gubernamentales es quizás el síntoma más evidente de esta disyuntiva. Cuando menos de la mitad de la población confía en su gobierno (47%), como lo indica el Barómetro de Confianza Global 2023 (IMCO, 2023), la representatividad se convierte en un concepto hueco. Esta desconfianza se ve exacerbada por la percepción generalizada de corrupción, reflejada en el estancamiento de México en el Índice de Percepción de Corrupción. A pesar de estas negativas, sería un error ignorar los avances logrados. La participación ciudadana, aunque imperfecta, sigue siendo un pilar de resistencia democrática. Las libertades civiles, si bien están amenazadas, continúan siendo un baluarte contra el autoritarismo.

La democracia mexicana se encuentra en una encrucijada histórica. Los desafíos que enfrentamos hoy son el resultado de décadas de luchas, avances y retrocesos. Es crucial que reconozcamos tanto nuestros logros como nuestras falencias. La fortaleza de nuestra democracia depende de la participación activa y consciente de cada ciudadano. Debemos exigir transparencia, combatir la corrupción y defender nuestras instituciones, pero también estar dispuestos a innovar y adaptarnos a los nuevos retos. Solo así, el espejo de la democracia mexicana podrá reflejar una imagen más cercana a las aspiraciones de su pueblo. El futuro de México está en nuestras

manos. Reflexionemos sobre nuestro papel en esta democracia y comprometámonos a construir un país más justo, inclusivo y democrático para las generaciones futuras. El camino es largo, pero nuestra determinación debe ser inquebrantable.

FUENTES CONSULTADAS

Cámara de Diputados. (2024, 21 septiembre). La SCJN defiende el orden constitucional; de ninguna manera hay un intento de golpe de estado técnico en sus resoluciones: Diego Valadés. Notilegis. https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/la-scjn-defiende-el-orden-constitucional-de-ninguna-manera-hay-un-intento-de-golpe-de-estado-tecnico-en-sus-resoluciones-diego-valades

Cámara de Diputados. (2024). Diccionario parlamentario. https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/o.pdf

González, J. (2024, 11 septiembre). México aprueba la reforma judicial que somete al voto popular la elección de jueces. El País. https://elpais.com/mexico/2024-09-11/mexico-aprueba-la-reforma-judicial-que-somete-al-voto-popular-la-eleccion-de-jueces.html

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). (2024, 18 septiembre). La democracia estancada en México. https://imco.org.mx/la-democracia-estancada-en-mexico/

Secretaría de Gobernación. (2024, 15 septiembre). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia judicial. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738985&fecha=15/09/2024#gsc.tab=0

Miguel Carbonell. (2024, 22 septiembre). Para reflexionar: sistema político y sistema electoral en México [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tKMuZ3b5aSw