Con la presentación de la Iniciativa de Reforma Eléctrica, el pasado octubre de 2021, por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados, se han dado una serie de debates sobre si representa un progreso o no para el sector eléctrico mexicano. Si bien, la propuesta parte de la modificación de ciertos artículos constitucionales, ¿qué propósitos tiene esta reforma?, ¿cuáles son las consecuencias que implicaría la presencia de estos cambios?
La Reforma Eléctrica establece ciertos objetivos esenciales que giran en torno a los hidrocarburos, su aprovechamiento, el crecimiento de empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el erradicar la corrupción en el sector eléctrico, tener una supuesta visión con responsabilidad social y ambiental, así como la reducción de riesgos por la extracción de otros hidrocarburos como el petróleo y gas natural. En este último punto, se omite el reducir la energía generada a partir de estas fuentes.
A partir del rol que toma Petróleos Mexicanos (PEMEX), el artículo 27 constitucional que permite con la reforma de 2013 la existencia de contratos con la Nación para poner en producción yacimientos de hidrocarburos que se encuentran ociosos por falta de inversión, capacidad de ejecución y tecnología, se vería eliminada con la modificación de este. Igualmente, se mantiene inalienable e imprescriptible (sin posibilidad de transferir) la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, siendo estos de la nación. De esta manera, considera el Estado inadmisible la intervención del sector privado para la explotación de esta energía.
Por otra parte, con tal de fortalecer la competitividad empresarial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la reforma eléctrica que ya introducía la categoría de “Empresas Productivas del Estado”, identificada como una oportunidad de crecimiento en el mercado con la modificación del artículo 25 constitucional, se ampliará al poner de lado a más empresas. Es así como estas reformas constitucionales parecieran ser de impacto positivo por impulsar el desarrollo de empresas mexicanas.
Hoy en día, el uso de energías a base de hidrocarburos a nivel internacional se identifican como una causa evidente del cambio climático. Empresas comprometidas con el Pacto de París se verían completamente afectadas por la ahora consideración de las energías renovables como segundo plano en México. A pesar de que la reforma eléctrica contemplaba supuestamente la sustentabilidad, el enfoque que le da, va sobre la minimización de riesgos sobre las actividades de extracción y el aumento de supervisión para la atención sobre contingencias o emergencias relacionadas con hidrocarburos. De manera muy superficial, la reforma elimina la Certificación de Energías Limpias, además de darle poder a CFE de establecer las tarifas de Transmisión y Distribución sin una regulación clara.
La reforma propuesta por el gobierno federal se volvió de gran preocupación para gobiernos de otros países. Miembros del T-MEC consideran no sólo una falla de la reforma al detener la introducción de energía sustentable al modelo energético nacional, sino que viola incluso el tratado por “fortalecer empresas domésticas a expensas de inversionistas extranjeros por supuesta competencia justa”. El riesgo de alejar la inversión extranjera en instalaciones de energía solar, eólica y otras de tipo renovable representa una pérdida de 22 mil millones de dólares según Bloomberg; además de que la representante de comercio del gobierno de Joe Biden, Katherine Thai, estableciera una pérdida de 10 mil millones de dólares respecto a las inversiones estadunidenses relacionadas con el área.
Ante la presión internacional, la coalición Va por México (PAN, PRI, PRD), desde la Cámara de Diputados, presentó una contrapropuesta donde se destaca:
- Modificar el artículo 4 constitucional, reconociendo el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano teniendo que ser de forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible.
- Garantizar el costeo de la energía eléctrica de la manera más baja posible, con tal de que la ciudadanía cuente con mecanismos para generar su propia energía o comprarla a un menor costo.
- Obligar al Estado a una transición energética que promueva la lucha contra el cambio climático y se cumplan los acuerdos internacionales de los que forma parte.
De esta manera, se detiene la promoción del uso de hidrocarburos como fuente de energía y se fortalece el objetivo central del Acuerdo de París de “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos de este”.
Un incentivo generado por las reformas constitucionales para el crecimiento económico de empresas nacionales como PEMEX o CFE no únicamente genera perjuicios a largo plazo sobre la sustentabilidad del país en cuanto a la falta de energías limpias o inversionistas que aumenten la productividad de la electricidad en México, sino se trae consigo modificaciones sobre el tipo de actividad, relacionada con la ausencia de procesos renovables en su estructura de generación de electricidad, que llevan a cabo estas empresas. El intento de progreso económico sin consideraciones a futuro sobre la salud y calidad de vida de la población, representa un retroceso para el país. Será cuestión de observar los efectos posteriores al primer rechazo de la reforma ante la Cámara de Diputados.
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