El pasado 18 de marzo se cumplió otro aniversario de la expropiación petrolera, conmemorando que en 1938 el entonces presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo un decreto para nacionalizar el control del petróleo, ya que la industria era manejada en ese entonces por 17 compañías extranjeras.
Poco ha cambiado en los 83 años que han pasado desde aquel decreto. La implementación de políticas nacionalistas es ahora una tendencia por aborrecer al mercado extranjero (o una estrategia partidista), así como la evolución obtenida en gobiernos pasados con respecto a encaminarnos hacia las energías renovables ha sufrido un retroceso debido a la gestión energética y económica actual, colocándonos en la misma situación de manejo gubernamental descrita en la época de Cárdenas. Claro que ahora dicha “estrategia” resulta poco eficiente, pues el crudo ligero es escaso en el país y no se cuenta con los recursos suficientes para procesar el crudo pesado.
Con una investigación previa sobre la situación energética actual, se recibió asesoría para comprender las implicaciones de la reforma por parte de Víctor Ramírez, doctor en Ciencias por la UNAM, con estudios en materia de Derecho Ambiental, Impacto Ambiental y cambio climático, y quien cuenta con una amplia trayectoria tanto en la gestión gubernamental, como en el sector privado y colaboración con medios de información de prestigio.
“La implementación de esta reforma no beneficia a nadie, más que parcialmente a Pemex. CFE va a endeudarse, perder o generar subsidios de gobierno.” –Victor Ramirez
El Dr. Victor Ramirez compartió su análisis a la reforma, donde expresó los principales puntos en los que se representa daño constitucional y ambiental. Principalmente, encarecería el sistema eléctrico, incrementaría la contaminación notoriamente, cambiaría las reglas establecidas (resultando en la consecuencia de la pérdida de la confianza de inversionistas), y generaría tarifas inflacionarias. Explica que indudablemente esta reforma propone inhabilitar el uso de energías renovables, a pesar de que su costo de producción es prácticamente cero y que 3,320,000 de usuarios tienen la posibilidad de instalar paneles solares en su propiedad. Esta reforma opta por segregar a la población de la posibilidad de obtener energía sana y rentable. El Dr. nos explica que esto tiene base en que la demanda de petróleo de Pemex, con relación a la cantidad de termoeléctricas, comenzó a ser mucho menor, pues entre 2019 y 2020 se incrementaron al doble las subastas que recibía la CFE.
Proporcionada por Víctor Ramirez.
Para gestionar la crisis de hidrocarburos, el gobierno optó por construir la Refinería Dos Bocas.
Actualmente tenemos seis refinerías en el país, tres de ellas necesitan una coquizadora; tan solo la coquizadora de Tula cuesta dos millones de dólares para mantenerse en funcionamiento.
Para dimensionar de mejor manera la intervención gubernamental en materia de energía y contrastar la gestión de gobiernos pasados con la reforma actual, es preciso situarse en la reforma de 2008 propuesta por el gobierno de Calderón, que explicó la necesidad de continuar con la pauta marcada por gobiernos precedentes, y que consistía en la privatización de Pemex, con base en la escasez en las reservas de petróleo y la falta de tecnología para la explotación de recursos situados en aguas profundas. Un buen recurso para comprender el análisis con respecto a la deficiencia de Petróleos Mexicanos y la problemática de las actividades de la industria petrolera es el Diagnóstico: Situación de Pemex (30 de marzo de 2008), elaborado por la Secretaría de Energía y Pemex.
La reforma de 2013 del gobierno de Peña Nieto actuó conforme a los principios y la problemática que planteaba la reforma de Calderón, con el enfoque de terminar con la dependencia al petróleo como fuente de energía a mediano plazo. Los puntos principales de la reforma de 2013 constaban de contratos de producción compartida, conservación de la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos a pesar de la interferencia de privados externos para su manejo, facultades de la SENER y CNH en proyectos, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, y principalmente la posibilidad de entrada a inversiones públicas y privadas para generar y comercializar energía, lo que permitió sentar las bases para la entrada de energías renovables al mercado mexicano.
Como expresa Víctor Ramírez, si bien, es innegable la ineficiencia del manejo gubernamental en algunos ámbitos, al menos en la reforma de 2013 se delegó la responsabilidad de esta a un grupo de personas capacitadas en la materia. Anterior a la actual propuesta de reforma, se propuso la política de confiabilidad del 13 de mayo; tres de los artículos que la conformaban fueron declarados inconstitucionales por la SCJN.
Con respecto a la reforma actual, tan solo dos días después de su publicación el 9 de marzo, ya se habían presentado cinco suspensiones provisionales. Actualmente, con 14 demandas de amparo presentadas, la Secretaría de Energía publicó la suspensión de la reforma en el DOF, dando cumplimiento a la decisión del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Números de expedientes de las demandas: 118/2021, 119/2021, 120/2021, 121/2021, 122/2021, 123/2021, 124/2021, 125/2021, 126/2021, 127/2021, 129/2021, 142/2021, 145/2021 y 153/2021.
Por mencionar una de las incongruencias de la reforma con respecto a los fundamentos constitucionales, se plantea el ejemplo del sentido de pertenencia al Acuerdo de París y la jurisprudencia emitida por la SCJN con respecto al Artículo 133 Constitucional (con número de registro 24985), donde se establece el orden jurídico de la nación y se posiciona a los tratados internacionales al mismo nivel normativo que la Constitución. Como comenta el Dr. Victor Ramirez y es notorio deducir, la necesidad actual en la materia recae en que la inversión gubernamental deje de dirigirse mayormente a Dos Bocas, se invierta en refinerías y se deje de usar combustóleo para implementar el uso de energías más limpias.
En contraste con la continuidad esperada entre los gobiernos para lograr un progreso, cuando menos en materia de energía y medio ambiente, la reforma propuesta por Obrador significa el intento de una brusca permanencia en el pasado, que genera dudas sobre qué motivos podrían tener nuestros gobernantes para alargar la vida de Pemex de la forma en que la que es conocido, a costa de la calidad de vida de los ciudadanos y de la oportunidad de reducir costos de energía. Sin duda, un intento de reforma que carece de empatía y servicio público es aquella que, en plena crisis sanitaria e incertidumbre económica, pretende una política que califica como lo que Aristóteles definía como oligarquía: el interés de unos pocos sobre el interés del pueblo.
Foto recuperada de CEMDA
