“La primera verdad es que la libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo más fuerte que el propio estado democrático. Eso, en esencia, es el fascismo, la propiedad del estado por parte de un individuo, de un grupo, o de cualquier otro que controle el poder privado.”

(Frank D. Roosevelt)

Instituto Nacional Electoral (INE), entidad gubernamental que ha estado en boca de todos últimamente, su popularidad se debe a que desde el pasado jueves 13 de octubre del presente año el presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió su iniciativa de reforma al Senado de la República con la intención de modificar el sistema electoral mexicano, mismo que le dio el triunfo en una elección histórica durante el periodo electoral más grande la historia de nuestro país, en el cual más del 50% de la ciudadanía se volcó a las casillas en 2018 para elegirlo como presidente de México.Su interés por reformar el esquema electoral yace de las arbitrariedades que han circundado al órgano desde su creación, así como los gastos excesivos que, en palabras del presidente, son un derroche total para la labor que este ejerce, la propuesta de reformar 18 artículos constitucionales y 17 transitorios tiene objetivos plurales que en su finalidad tienen como propósito instaurar un sistema democrático limpio donde no haya fraudes electorales.

Ahora bien, es crucial entender a profundidad las iniciativas que impulsa esta reforma, decidir sin conocimiento previo racional es solo una opinión; ponderar las propuestas que tiene este nuevo proyecto legislativo es responsabilidad de la ciudadanía, ya que esta es la que siempre paga los platos rotos de una deficiente administración o leyes que terminan por trastornar la vida pública de la nación, en los siguientes renglones se planea detallar los aspectos más controversiales y relevantes que elucida la nueva reforma electoral, se tocaran fibras sensibles que son actuales pilares de la democracia en nuestro país, se expondrá un panorama general del contexto sociopolítico en el que se llevará a cabo citada reforma y finalmente sé expondrán los riegos en virtud de la preservación de la pluralidad y la autonomía de los órganos encargados de crear, organizar y legitimar los procesos electorales en México.

Dentro de las 70 páginas que comprende el “Análisis de Reforma Constitucional” mismo que el presidente sometió el pasado 28 de abril a la cámara de diputados, se exponen una gama de puntos que tienen como objetivo reestructurar de manera integral y sustancial el sistema electoral del país, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel estatal, destacándose entre el océano de cambios las siguientes propuestas:

Desmantelar al INE y originar un nuevo órgano, el Instituto Nacional de Encuestas y Consultas (INEC), a la par de dicha reestructuración se tiene contemplado la eliminación total de los Organismos Públicos Electorales (OPLE), estos fueron suscitados en función de servir como brazos de auxilio y representantes del INE en las entidades federativas, los OPLE tiene la responsabilidad de organizar las elecciones estatales de su entidad federativa correspondiente; dando cabida a que el nuevo INEC se encargue enteramente de la organización de los procesos electorales tanto de fuero federal como estatal al igual que los ejercicios de democracia participativa, consultas populares y de revocación de mandato. La justificación que apuntala esta propuesta, se basa en el alegato de un gasto desmedido de más de 13 mil millones de pesos por parte de estas instituciones, según la actual administración se está haciendo un gasto doble año con año para fondearlos, cuando de cualquier manera el INE termina interviniendo hasta cierto punto en las elecciones estatales.

Por otra parte, se procura desaparecer los tribunales estatales, delegando así todas sus funciones y resolución de controversias que antes correspondían a estos órganos Jurisdiccionales de primera instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tachándolos como “irrelevantes”; en concordancia con lo establecido por la iniciativa, todas las resoluciones de los organismos estatales son escudriñadas y legitimadas por el TEPJF en última instancia, así que estos están por demás y su existencia sólo representa un gasto más al erario público. Se planea crear organismos auxiliares temporales, que solo se ocupen en periodos electorales, otorgándoles así las facultades de los “ahora” desaparecidos OPLE.

En el caso particular de los magistrados y consejeros del actual INE, posible INEC si se aprueba la iniciativa, sé promueve la elección de estos cargos por voto popular, aunado a la creación de lista por parte de cada uno de los Poderes de la Unión con las ternas de los posibles candidatos. Para la elección de los consejeros se sugiere que cada poder del estado, tanto el Legislativo, el Ejecutivo como el Judicial, proponga una lista de 20 candidatos cada uno y para la elección de los magistrados integrantes del TEPJF, se seguirá el mismo proceso; sin embargo, cada poder elegirá solo 10 candidatos igualmente. La presidencia del INEC será ostentada por la persona con la mayor cantidad de votos en la lista previamente mencionada, por otro lado, la presidencia del TEPJF se discutirá por los miembros del pleno.

La jornada electoral tendría como temporalidad predeterminada el primer domingo de agosto cada sexenio, mismo que sería el plazo límite de funciones para los cargos develados, con excepción de la primera jornada electiva que celebraría en 2023, de entrar en vigor la reforma en par con lo establecido en la modificación expuesta del artículo segundo transitorio de la iniciativa.

Otra de las propuestas más controversia ha causado, es la eliminación de los diputados plurinominales; en la actualidad estos son electos por el principio de representación proporcional (RP) al que el art. 52 se refiere como listas regionales, o sea, cada partido político somete una lista de 40 candidatos por circunscripción (en México existen 5) , mismos que son sufragados indirectamente por el electorado popular, de tal forma que cada partido obtenga tantas diputaciones como el porcentaje de representación proporcional de votos que haya alcanzado le permita, cabe recalcar que por cada 20% de los votos a favor de un partido a este se le otorgaron el 20% de las diputaciones de esa circunscripción, por otro lado, están los 32 senadores plurinominales, estos son elegidos en la actualidad por el principio de primera minoría es decir que se le otorga las senadurías al partido que haya ocupado el segundo lugar en número de votos de la entidad en cuestión; la nueva reforma incita a que se eliminen figuras plurinominales del congreso de la unión, junto con algunas otras modificaciones.

Entre los cambios, se menciona la forma de elegir a los legisladores, en la actualidad por cada 252 000 habitantes se elige una diputación, con la nueva reforma se plantea que ese número aumente a 420 000 habitantes, por su parte en el caso del Senado se propone que cada senaduría pase de ser electa de cada 934 375 habitantes a cada millón 312 500 habitantes; en palabras del presidente López Obrador opinión con respecto al tema lo siguiente:

“Para qué tantos diputados y senadores. Estoy proponiendo la eliminación (de los llamados plurinominales o de representación proporcional). Noooo…, va a estar bien, espérense’’.

La reforma no solo se extiende a cargos legislativos federales, las restricciones también se enfocan en coartar la cantidad de representantes estatales, limitando así a 15 diputaciones en las entidades federativas cuya densidad poblacional sea menor a 1 millón de personas, adicionando un diputado por cada 500 000 individuos más y así sucesivamente hasta llegar a 45 diputaciones.

Uno más de los puntos coyunturales que la reforma establece, es reducir el tiempo de radio y televisión para la propaganda electoral de partidos políticos, hace alusión a la reducción de minutos estipulados en la ley para la difusión de contenido partidista y reconocimiento de autoridades electorales, específicamente la acotación sería de 18 minutos ha pasado a ser el tiempo de transmisión en ambas plataformas de 48 a 30 minutos solamente, excluyendo así los 18 minutos fiscales que fungen como compensación por parte de los concesionarios televisivos y radiofónicos al Estado Mexicano, debido a la explotación de la red radioeléctrica nacional, cabe enfatizar que durante.

Bajo la misma premisa también se comprende la ampliación de excepciones en pos de propaganda gubernamental que hagan alusión a servicio público e información de carácter informativo.

Uno de los temas que más estuvo en boga el año pasado fue la tan criticada consulta de revocación de mandato, cuyo objetivo era recurrir al pueblo para saber su opinión de la permanencia en el cargo del presidente de la república o si por negativa mayoritaria su dimisión inmediata, no obstante para que dicha consulta resultará vinculante se era necesaria el voto del 40% del electorado, este porcentaje se traduce en 37 millones de sufragantes, la nueva propuesta comprende una disminución del 7% a la cifra actual, es decir que solamente se necesitaría el 33% de los votos para vigorizar el resultado, todo esto como respuesta directa a la pequeña participación del padrón electoral en la consulta realizada en 2021, la cual solo contó con 17.7% de participación.

Uno de los puntos que menos han sonado, pero que también cobra relevancia a la luz del escenario político que se avecina en el 2024, es la posibilidad de contar con un sistema de voto electrónico en procesos de elección popular en su totalidad.

Finalmente, y contra todo cliché, posiblemente uno de los supuestos más controversiales que hacen pensar a muchos intelectuales y eruditos en el tema, es la supuesta reducción de financiamiento a partidos políticos, cuyos ingresos emanan actualmente de recursos públicos, el presupuesto estimado que destina el gobierno de México a los gastos ordinarios de partidos políticos es de aproximadamente 11.000 millones de pesos, los cuales se guían por las directrices específicas que contempladas en el art. 41 constitucional (con intención de modificación) el que reza lo siguiente:

“El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.”

La actual reforma infiere que se detengan las prerrogativas a partidos políticos durante el periodo ordinario y que estos sean fondeados en su totalidad por militantes y simpatizantes en general, esta propuesta tienda a compartir cierta similitud con el sistema que enarbola nuestro vecino del norte donde, a través del “Lobbying” (se traduce como cabildeo) entes privados corren con todos los gastos del partido de su preferencia, no obstante en la iniciativa no se especifican los montos que podrá recibir cada partido por parte del sector privado.

Se espera que únicamente se destine presupuesto público durante el periodo electoral una vez iniciado los periodos de campaña, a razón de reducir él gastó público significativamente; los parámetros quedan establecidos en la propuesta de modificación detallada en la iniciativa. (Para más aspectos relacionados, véase la página 21 del documento en materia, https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ASS-11-22.pdf)

Opinión internacional

En el afán de proteger la democracia en nuestro país y contar con la mayor cantidad de las ópticas posibles que nos permitan tomar una mejor decisión a favor de nuestra pluralidad, el INE, encabezado por su titular; el Consejero Presidente Lorenzo Córvoba Vianello, envió una misiva el pasado 28 de junio del año en curso solicitando a la opinión de Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, comúnmente conocida como la Comisión de Venecia, al respecto de las iniciativas de reforma en materia electoral que se han promovido ante las Cámaras del Congreso en los últimos meses por parte del titular del ejecutivo federal; la comisión integrada por expertos independientes de 61 países, que se encargan de brindar asesoría legal en materia de controversias constitucionales de sus estados miembros, tiene como fin ayudar a los Estados participantes en la homologación de sus estructuras legales e institucionales a los estándares europeos de gobierno, focalizando su atención particularmente en 3 puntos:

• Instituciones democráticas y derechos constitucionales.
• Justicia constitucional y justicia ordinaria.
• Elecciones, referéndums y partidos políticos.

La Comisión de Venecia no hizo oídos sordos a la solicitud hecha por el órgano electoral mexicano, por ello designó un equipo especial, conformado por 4 expertos en la materia: Paloma Biglino Campos, Srdjan Darmanovic, Michael Frendo y Oliver Kask. Tres de sus integrantes visitaron México entre el 21 y el 23 de septiembre pasado, con el propósito de entrevistarse con una plétora de actores políticos de diversa índole, desde miembros de la oposición, como dirigentes institucionales de la actual administración, así como especialistas en el ámbito electoral, con la finalidad de contar un sustento fáctico más objetivo que les permitiera otorgar un resolutivo final.

En síntesis, el pasado viernes 21 de octubre, la Comisión de Venecia en sesión plenaria (en la cual estuvo presente tanto el Consejero Presidente como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano) deliberaron su respuesta con respecto a la coyuntura político-electoral para la que fueron requeridos; en el documento publicado el pasado lunes 24 de octubre, en el sitio web del Consejo de Europa, se enfocaron primordialmente en resaltar los peligros principales que esta puede traer a nuestro país, un fragmento de esta expresa el siguiente comentario al respecto:

“modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática, hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee“

De igual manera adiciona que la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “no proporciona garantías suficientes de su independencia e imparcialidad”, además de que hace falta mayor debate en lo que se refiere al tema electoral, en palabras llanas las opiniones no cayeron nada bien en las mañaneras de Palacio Nacional, ya que la respuesta del presidente no se hizo esperar, pronunciándose al respecto:

“Son buenas esas opiniones porque ya se va a discutir en el Congreso la Reforma Electoral hoy, que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de (Felipe) Calderón, que dice que en este mes se acababa la democracia en México”

“Que bueno que opinen los europeos esos para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores, pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias. Nunca dijeron nada”, agregó.

La opinión 1087/2022 girada por la Comisión de Venecia puede ser consultada enteramente en el sitio: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)031-e

A como se puede observar por las aseveraciones hechas por el mandatario mexicano, no ha sido del agrado ni de él, ni de los simpatizantes de su partido, las recomendaciones hechas por terceros, mismo que ha ocasionado que se polarice la opinión pública al respecto, algunos expresidentes ya han emitido sus críticas en contra de la iniciativa, e incluso militantes del mismo partido del gobierno actual se han pronunciado parcial o completamente en contra de la reforma; es más que sabido de antemano que habrá una fuerte contienda y una votación dividida en el pleno de las cámaras que estructuran el Congreso de la Unión. Ahora bien algunos partidos como el PRI y el PAN han aceptado sentarse a dialogar en virtud de encontrar puntos de interés mutuo, mientras que sencillamente partidos como Movimiento Ciudadano se han decantado por rechazar la propuesta en su totalidad.

Las críticas y opiniones salen sobrando cuando se trata de ejercer un juicio de valor con respecto a la vida democrática de nuestro país, no hay ninguna encuesta o consulta que sirva para poner en tela de juicio la pluralidad de ideas de la sociedad, por esa misma causa se luchó por años en la búsqueda de una vida política más justa, democrática, igualitaria y libre, donde ya no hubiera lugar para seguir atentando contra los intereses de la población. Queda en las manos de nuestros legisladores tomar una decisión basada en la lucha y la sangre derramada por años para conseguir un sistema que nos permitiera disentir con el gobierno en curso, no simplemente es una lucha de poderes para ver quién es más fuerte tanto en los curules como en los escaños; se trata de velar por los intereses de la patria y por la supremacía de la multitud de opiniones y la oportunidad de expresarlas, entre tanto no nos queda más como población informarnos y enaltecer lo que es debido bajo el marco de la ley y despreciar aquello que amenacé las libertades que como pueblo tanto nos ha costado conseguir.

Bibliografía

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Galan, M. (2022, Noviembre 5). La propuesta que divide: la reforma electoral de AMLO. Política En Corto. Retrieved Noviembre 5, 2022, from https://www.instagram.com/p/Ckl6B88Omg2/?hl=es