Semiesclavitud en los campos agrícolas mexicanos

Cuando el sol aún no termina de salir, se escuchan las ruedas de las camionetas de redilas y vehículos de traslado de ganado bajar de las montañas. Los caminos de terracería despiden a los trabajadores del Estado de Guerrero con la esperanza de su pronto regreso. Lo mismo sucede en casi todo el país, las personas salen de sus comunidades para ir a trabajar a campos agrícolas recorriendo trayectos de más de 20 horas para llegar a galeras, espacios reducidos, sin ventilación ni condiciones básicas de higiene como el acceso al agua potable, que servirán como dormitorios y cocina.

La jornada laboral comienza a las 3 de la mañana, y son las mujeres quienes se levantan primero para comenzar a preparar la comida del día. Los hombres trabajan bajo el rayo del sol hasta 12 horas seguidas, propensos a sufrir accidentes, deshidratación, golpes de calor e incluso, la muerte principalmente por severas intoxicaciones debido a los plaguicidas que son rociados en los campos agrícolas mientras se encuentran cosechando.

Los cuerpos no importan, no hay indemnización y los salarios siguen siendo miserables. Todo esto sucede al mismo tiempo que las grandes compañías agrícolas facturan millones de dólares al año y pagan $176.00 pesos por día de trabajo. Cabe destacar que con esta cantidad los trabajadores aún tienen que cubrir sus gastos de transporte y hospedaje (Ríos, 2021).

Los jornaleros, a pesar de querer irse por las malas condiciones, no pueden. Desde que llegan se les informa que se quedarán varios meses hasta que la recolección de cosecha termine y si es necesario, se les induce al consumo de drogas para aguantar la jornada extenuante. Los tomates, fresas, pepinos y otros cultivos que terminan en nuestra mesa, con frecuencia provienen de empresas agrícolas que han generalizado la semiesclavitud en México (Ríos, 2021).

Las cifras hablan y a veces gritan, 2.4 millones de jornaleros agrícolas laboran en México, pero tan solo el 12% de los jornaleros que trabajan en el campo son dueños de tierra. La tierra sigue sin ser de quien la trabaja debido a la distribución desigual, tan solo el 1% de las fincas más grandes del país poseen el 56% de la tierra cultivable (Ríos, 2021).

El 97% de los jornaleros no cuentan con un contrato de trabajo y el 91% no cuenta con acceso a instituciones de salud. Así mismo, el 33% gana menos de un salario mínimo, y esto es una violación a la ley así como a los derechos humanos de los trabajadores. Es urgente y prioritario una reforma a la ley laboral, en donde se busque mejorar las condiciones de trabajo, especialmente de las mujeres jornaleras, puesto que trabajan dobles jornadas altamente precarias. La actual ley laboral fue creada pensando en el trabajo industrial o de servicios, no para el campo, por lo que difícilmente es aplicable para el trabajo de los jornaleros. No es efectiva para aplicar las sanciones correspondientes a las grandes compañías agrícolas que dejan desprotegidos en su totalidad a los trabajadores, mucho menos para garantizar condiciones especiales de jubilación (Ríos, 2021).

El capítulo 23 del nuevo tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá establece un mecanismo para que los trabajadores puedan presentar quejas ante violaciones laborales por parte de las compañías, si estás proceden, serán sancionadas con fuerza y prontitud. Esto sin duda alguna es una oportunidad para México para garantizar mejores condiciones de trabajo para todas las personas. El gobierno, de la mano con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deben de comenzar a inspeccionar a las grandes empresas agrícolas y exigir el cumplimiento de los más altos estándares de bienestar laboral (Ríos, 2021).

Hoy en día el 74% de las personas que trabajan en el campo son pobres, Las leyes laborales no pueden tolerar la semiesclavitud de la jornalera y el jornalero agrícola, es necesario un cambio radical, y una nueva ley laboral para los campesinos (Ríos, 2021).