Alfredo González Díaz, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, Guerrero; Tomás Morales Patrón, de Morena en Chilapa, Guerrero; Diego Pérez Méndez, del PRI en San Juan Cancuc, Chiapas; y Jaime González Pérez, de Morena en Acatzingo, Puebla. Son los nombres de los aspirantes a cargos de elección pública que fueron asesinados tan sólo en marzo de este año, siendo 70 el número de candidatos asesinados desde que empezó el proceso electoral 2023-2024 (Islas, 2024).
Los asesinatos a candidatos a cargos de elección pública en México representan uno de los desafíos más serios para la democracia y el Estado de Derecho en el país. En los últimos años, hemos sido testigos de una preocupante escalada de violencia política que ha cobrado la vida de numerosos aspirantes a puestos políticos en diferentes niveles de gobierno. Este fenómeno, además de atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y la integridad del sistema democrático, plantea importantes interrogantes sobre la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y el ejercicio pleno de la democracia.
Para comprender la magnitud y la complejidad de este problema, basta con revisar las estadísticas.
De acuerdo a Integralia (2024), en los primeros seis meses del proceso electoral 2023-2024 en México se han registrado 300 incidentes de violencia política con un promedio de 1.8 víctimas diarias, convirtiendo al proceso en el más violento en la historia moderna de México. El partido oficialista es el que ha registrado mayor número de agresiones.
Además, el banco prioritario de ataques suelen ser a funcionarios y/o aspirantes a cargos municipales, siendo Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas y Jalisco en los que se ha registrado un mayor número de víctimas (Integralia, 2024). Ante este clima de inseguridad que prevalece, 83 candidatos han tenido que solicitar medidas de protección al gobierno, incluyendo 4 candidatos a gubernatura y los 3 aspirantes a la Presidencia de la República.
Las causas que subyacen a la violencia política son múltiples y complejas. Entre algunos factores determinantes está la presencia del crimen organizado y grupos delictivos, la cual ha permeado profundamente la vida política en algunas regiones del país, donde el control del territorio y los recursos está ligado estrechamente al ejercicio del poder político. En este sentido, los candidatos que representan una amenaza para los intereses de estos grupos suelen ser blanco de ataques y amenazas (Pérez, 2024).
Entendiendo esto, es posible contextualizar el por qué es el partido oficialista el que registra un mayor número de víctimas: los aspirantes del oficialismo son de mayor interés para los grupos criminales pues su cercanía con el poder puede favorecer o perjudicar sus intereses; y que sea en los municipios donde hay mayor violencia política: representan la puerta de acceso principal a las economías locales.
Desde el punto de vista legal, los asesinatos a candidatos implican una serie de desafíos y cuestionamientos en términos de justicia, derechos humanos y Estado de Derecho. La violencia política representa una transgresión injustificable a los derechos civiles y políticos de las personas y atentan de manera directa contra el principio de democracia que resguarda la Constitución en el artículo 40°. Estos actos no sólo buscan silenciar voces disidentes, sino que también generan desconfianza en las instituciones y coartan la libertad de expresión y asociación. Además de constituir una violación flagrante al derecho a la vida y a la integridad personal.
La ola de asesinatos a candidatos y funcionarios políticos son el resultado directo de un Estado de Derecho debilitado, que no ha sido capaz de proteger los derechos fundamentales, ni de construir instituciones sólidas que puedan atender y hacer frente a la violencia desmedida que se ha presenciado en el actual periodo electoral.
En el artículo 3° de la Ley de Seguridad Nacional se establece que a la Seguridad Nacional le compete llevar a cabo las acciones que conlleven a la preservación de la democracia. Bajo este entendido, la violencia política que sufren los candidatos es un tema de seguridad nacional, y que exige al Estado mexicano tomar la responsabilidad de garantizar la seguridad de los candidatos y funcionarios públicos en riesgo, así como de investigar y sancionar los actos de violencia política.
No existe la democracia donde impera el miedo, y no podemos hablar de un Estado de Derecho eficiente en el Estado Mexicano si no se está respetando el principio democrático. Es inconcebible que el ejercicio del derecho a la participación política represente una amenaza directa al derecho a la vida de los ciudadanos que deciden ser parte de la esfera pública. Mientras no haya un cese a la violencia política, las boletas electorales estarán manchadas de sangre, y las urnas perforadas por las balas.
FUENTES DIGITALES E IMPRESAS:
Badilla, D. (2024). Proceso electoral 2024 podría ser el más violento de la historia, advierten analistas. El Economista. Recuperado desde https://www.eleconomista.com.mx/politica/2024-puede-ser-el-ano-mas-violento-de-la-historia-para-candidatos-en-campanas-advierten-analistas-20240112-0069.html
Zapata, B. (2024). Cada día una persona vinculada al ámbito político sufre una agresión en México, según una consultora. CNN Noticias. Recuperado desde https://cnnespanol.cnn.com/2024/03/18/cada-dia-mexico-politico-sufre-agresion-orix/
Integralia. (2024). Reporte de violencia política: Segunda actualización. Rescuperado desde https://integralia.com.mx/web/reporte-de-violencia-politica-segunda-actualizacion/
Islas, L. (2024, 2 abril). Elecciones 2024: ¿Cuántos candidatos han sido asesinados en México? Revista Merca2.0. https://www.merca20.com/elecciones-2024-cuantos-candidatos-han-sido-asesinados-en-mexico/#
Rojas, A. (2024). Alerta a la ONU violencia política en proceso electoral. El Economista. Rescuperado desde https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alerta-a-la-ONU-violencia-politica-en-proceso-electoral-20240305-0013.html
LITERATURA JURÍDICA:
Ley de Seguridad Nacional. (2005). Gobierno de México. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEGOB/Leyes/L-11.pdf
