Regulando al árbitro, socavando la democracia: “La nueva jugada política-electoral del gobierno de México”

“La democracia es una forma de organización humana, la más legítima y cercana a las personas porque las toma en cuenta, porque las incluye y son ellas mismas quienes deciden. Es el ejercicio de un derecho: a decidir, a participar. Se ejerce una conquista, no es un concepto estático, ni un regalo que nos haga el poder.”

Lorenzo Cordova Vianello (Consejero Presidente del INE).

Ciro Murayama (Consejero del INE).

La vorágine de la Reforma Electoral comenzó a tomar relevancia pública desde abril del año pasado casi ya un año ha transcurrido, cuando desde el atril de Palacio Nacional salió la propuesta de reforma constitucional, misma que fue parada por completo en la cámara de Diputados y que se detalla en el artículo titulado: “Se critican democracias” Reforma Electoral: calamidad sin igual o vía transformativa mismo que fue redactado por este servidor el pasado noviembre, en vísperas de aquella decisión que puso en la cuerda floja la democracia y la pluralidad electoral del estado mexicano.

Como ya es de conocimiento general, la dichosa propuesta de reforma electoral fue una de las tantas propuestas de campaña del actual representante del ejecutivo federal, en su contienda electoral por la presidencia de México; es por ello que así como no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, hace más de un año en una de las tantas “Mañaneras”, el presidente expuso los motivos y los planes que se enarbolaban dentro de dicha iniciativa jurídica que pretendía cambiar el sistema electoral mexicano a nivel constitucional, y que al no conseguir el consenso necesario conformado por dos tercios de los legisladores para avanzar como ya se sabe, terminó por rascar el polvo del pleno de la cámara de diputados el pasado 6 de diciembre. No obstante, es crucial hacer énfasis en el hecho de que en la administración actual; los fracasos son las piedras angulares para la reivindicación de la narrativa pública, misma que necesita un revulsivo formal para dar a los simpatizantes del partido al mando, herramientas con las cuales se puedan enfrentar a los embates incesantes de la oposición.

Por tal motivo, momentos después de haberse frenado la tan aludida iniciativa de reforma constitucional, salió a la luz y cobró vida el as que tenían bajo la manga la bancada “morenista”, la cual no fue una completa sorpresa para el séquito de legisladores de la oposición, así como tampoco lo fue para la sociedad civil, debido a que ya se había esparcido el rumor del plan alterno de Lopez Obrador en caso de que su original propuesta no triunfara, mismo a la que él ya había hecho alusión días antes, bajo el nombre de: “Plan B”. Este proyecto de iniciativa cuenta con 300 páginas que detallan la composición de dicho manifiesto, y cabe señalar que los legisladores no tuvieron el tiempo necesario para leer a conciencia dicho dictamen de extensa prominencia, por consiguiente ha sido una de las razones principales por las que el bloque opositor saltó de embargo y disgusto, debido que no quedó en sus manos detener este proyecto; esto de acuerdo con el artículo 135 constitucional que reza:

“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.”

Es por ello que la “oposición” fue capaz de detener en seco la primer embestida jurídica, ya que la constitución defiende e incentiva este tipo de reformas a la carta magna, por otro lado dicho amparo constitucional se reserva exclusivamente para aquellos acuerdos constitucionales, mas no para las leyes secundarias propias que solo procuran por contar con mayoría absoluta, la cual representa la suma de todas y todos los diputados o votos que represente la mitad más uno, dada dicha regla establecida por el reglamento de la cámara de diputados, la bancada del partido en el poder hizo un movimiento abrupto y expedito al alargar la sesión plenaria a una maratónica, y con el fin de satisfacer la narrativa los “morenistas” sometieron a los contrapesos al contar con mayoría calificada y pasando así las reformas a la leyes secundarias en materia electoral durante la noche del 6 y la madrugada del 7 de diciembre.

Del tiempo a la fecha los conflictos entre palacio nacional y el órgano electoral han ido al alza, todo ello con base a la tirria implacable por parte del mandatario con respecto a ciertos aspectos que considera inauditos en el campo democratico mexicano, todo lo anterior en concordancia con su lema de “austeridad republicana”. Por otro lado, de acuerdo con estimaciones de Adan Augusto Lopez (Secretario de gobernación) y el mismísimo presidente Lopez Obrador, han expuesto que de ser aprobada la minuta enviada al senado, esta reduciría los gastos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) entre 3,500 a 5000 millones de pesos, montos que representan del 18 al 25% del presupuesto del órgano, tan solo del año pasado.

En palabras del presidente de la república: “Claro que no es lo mismo una reforma constitucional que una de ley”, “Ya se aprobó la reforma de ley, pero está acotada porque no puede contradecir lo que está en la Constitución, entonces son márgenes muy estrechos; sin embargo, con esos márgenes sin violar la Constitución se logró en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral” ( El PAIS, 2022)

Esos pequeños márgenes a los cual se refiere Lopez Obrador versan en una serie de diferentes tópicos que sostiene cambios sustanciales a la estructura actual del INE entre los que se encuentran los siguientes apartados:

Conformación del padrón electoral.
Poblaciones históricamente marginadas.
Administración y logística de las casillas.
Conteo y publicación de resultados.
Servicio Profesional Electoral Nacional.
Propaganda gubernamental y comunicación social.

Los segmentos expuestos anteriormente serán explicados a detalle más adelante, en función a los datos de contraste con el desempeño actual de cada área. Es crucial mencionar que la iniciativa de ley es más bien un plan estructurado por dos paquetes de reformas, siendo el primero el encargo de las modificaciones de los ordenamientos vigentes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Cabe destacar que de los 493 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, se planteaba reformar 214 artículos, es decir, el 43% de la legislación; aunado a los 64 artículos que se adicionarían y 38 que se derogarían; de los 97 artículos de la Ley General de Partidos Políticos se pretenden reformar 42, es decir 43.2% de dicha ley, además de los 15 numerales que se adicionarían y 2 numerales que se derogarían, y de los 233 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reformarían 6 artículos, es decir, 2.5% de la legislación, más los seis numerales que se adicionarían. (Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2023).

Poniendo bajo la lupa los aspectos señalados previamente, podemos ir atendiendolos uno a uno y señalar sus riesgos para la vida democrática nacional:

En primer lugar, tenemos la protección del Padrón Electoral, donde se encuentran registrados los votantes mayores de 18 años con pleno privilegio de sus derechos político-electorales, en la actualidad este se encuentra en manos del INE, a fin de garantizar su autonomía e incorruptibilidad respaldados por datos biométricos a los cuales dicho órgano es el único con accesos a estos, respaldados por un sistema informático de protección que se actualiza cada 6 minutos, con el propósito de garantizar y salvaguardar los datos personales del electorado mexicano, tanto dentro de las fronteras, a través de los cerca de 900 Módulos de Atención Ciudadana (MAC), o ya se fuera de estas, apoyándose por medio de los consulados repartidos en el extranjero.

El “Plan B” de la Reforma Electoral se centra en la transferencia y reducción de espacios, por tal motivo se propone establecer un vocal único encargado de actualización y depuración del Padrón Electoral, dejando a un lado la complejidad que el sistema requiere para su operación segura y certera. De igual manera, al conjuntar los MAC a escuelas, oficinas públicas o centros de salud para substituir la infraestructura ya existente y homologando al Padrón Electoral, los recursos de seguridad informática serían abandonados para reducir costes.

En materia exterior, los datos del Padrón Electoral al ser transferidos a los consulados y no módulos del INE dentro de estosw, tendrían la facultad de depurar, y actualizar el registro de votantes que residen en el extranjero con base en la varianza, y flujo de connacionales en el exterior, algo que sería enteramente inconstitucional.

Con respecto a las deudas históricas, el INE en aras de promover la cultura del voto a nivel nacional sin excepciones e incentivando la inclusión de aquellas personas que tristemente han sido dejas atrás y por ende nunca fueron tomadas en cuenta en las boletas como representantes de sus comunidades, mediante la implementación de las “Acciones Afirmativas” se ha tratado de reivindicar el daño social causado por generaciones, este instrumento es un mecanismo para igualar, de manera efectiva, las desigualdades sociales e históricas de grupos minoritarios y otros que a pesar de ser grandes conglomerados simplemente han sido relegados por el estado mexicano y la sociedad, tal cual lo son: los grupos indígenas, afromexicanos, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y personas en edad avanzada.

Tan solo durante el año 2021 el INE obligó de manera sustancial la inclusión de más de 50 grupos marginalizados históricamente, lo que permitió que 65 representantes de citadas comunidades fueran electos como diputados federales para darle voz a aquellos que no tenían.

De aprobarse el paquete de reformas en el Senado en los próximos días, pasarían de 50 a 25 las candidaturas de las poblaciones marginadas, sin ningún tipo de explicación y sin ser distribuidas de forma equitativa entre estas poblaciones identitarias.

Se desechará la consultoría legalmente demandada a las comunidades indígenas en caso de que sus derechos políticos se vean violentados como derivado de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sobre este mismo ámbito se planea dejar atrás el proyecto implementado por el INE para impedir que los ciudadanos con antecedentes de violencia, sexual familiar o doméstica el conocido “3 de 3 contra la violencia”.

Cuando se habla sobre la organización en cuestión del funcionamiento orgánico de los distritos electorales, el INE cuenta con brazos de apoyo que se extienden a lo largo y ancho del país en cada uno de las 300 Juntas Distritales que conforman los distritos electorales de la nación, cada una compuesta por 5 vocales y una Junta Local Ejecutiva igualmente integrada por 5 vocales, hay que tener en mente que los vocales instalan en promedio 550 casillas que le permiten a las y los mexicanos ejercer su derecho al voto sin importar su zona geográfica, ya que estas son capaces de instalarse en terrenos poco favorables; es primordial recordar que entre las responsabilidades que ostentan los vocales se encuentran tareas como:

La capacitación de los funcionarios como los CAE (Capacitadores Electorales). Monitoreo de la jornada electoral y reporte de incidentes. Establecimiento de casillas, protección y transporte de las mismas.
La nuevo iniciativa tiene planificado la reducción de 5 a solamente un solo vocal por Junta distrital, y con relación a las Juntas Ejecutivas Locales el número pasaría de 5 vocalías a tener solo 3; junto con ello el vocal capacitador de casillas en las Juntas Ejecutivas Locales dejando así que a falta de vocales capacitadores la carga de trabajo distrital recaería en una sola persona.

Entre uno de los temas más controversiales se encuentra el conteo y entrega de resultados al final de las jornadas electorales, en la actualidad el INE cuenta con un sistema de conteo rápido que se denomina: Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), es un sistema de conteo rápido que permite conocer los conteos preliminares de los distritos electorales alimentados directamente de las actas de escrutinio misma que se alimentan de los votos obtenidos en cada casilla; con este sistema estadistico de alto rendimiento, se hace posible conocer los resultados de la elección el mismo día por la noche, por medio de muestreos aleatorios que estiman las tendencias de manera muy precisa, en lo que se termina el conteo oficial de votos el miércoles contiguo al dia en que se celebraron los comicios, permitiendo así que la ciudadanía se vaya a dormir conociendo los resultados de la elección.

Con la minuta que se discutirá próximamente se proyecta dos sistemas PREP por así decirlo que funcionen de manera simultánea en el conteo rápido de los votos, a pesar de no reducirse costos puede existir un alto índice de controversia debido a la diferencia marginal que se pueda suscitar en los resultados procedentes de dichos sistemas ya que estos operaran por separado pudiendo generar desconfianza entre los votantes, no obstante dichos sistemas serían operados por funcionarios no capacitados para el área, debido a los recortes previamente estipulados.

Entre la maraña de inconstitucionalidades que se reflejan en esta reforma se encuentra el ámbito publicitario con propósitos electorales, las reformas favorecen a los funcionarios gubernamentales en el uso de recursos públicos para promover su imagen (prohibido actualmente por la Constitución) y que con ello se desequilibra la contienda electoral haciendo posible que el candidato que cuente con más recursos y contactos en el sector de telecomunicaciones pueda acaparar mucho más desnivelando así la contienda. Se alega que el derecho de la ciudadanía es conocer por medio de ejercicios de transparencia las propuestas de los candidatos en todo momento.

Permitir el uso del erario público de forma deliberada, arbitraria e inalienable desmerece la investidura del mismo funcionario en caso de contender por otro cargo de elección popular al igual que refleja un burdo hurto a la contribución tributaria para usos proselitistas en lugar de emplearse en las necesidades y carencias de la zona en la que dicho funcionario ejerza jurisdicción.

Finalmente uno de los cambios más sonados desde que se prolifero el descontento por esta iniciativa de reforma, es acerca del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), es un cuerpo de funcionarios encargados de organizar las elecciones en México. Su tarea es reclutar, seleccionar, capacitar y evaluar a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLES) en materia electoral. El SPEN tiene dos sistemas: uno para el INE y otro para los OPLES, que regulan el ingreso, capacitación, promoción, permanencia y disciplina de los servidores públicos en ambos organismos, este órgano colegiado cuenta con 2,751 funcionarios esparcidos por el territorio nacional velando por la seguridad, certeza e imparcialidad de los comicios, de consumarse el famoso “Plan B” se finiquitaron de inmediato 1564 contratos laborales, vulnerando así de un día para otro los derechos laborales de los individuos recortados, además de que el SPEN quedaría mutilado en un 84.2% de su plantilla actual, dando así por desaparecida un área de suma relevancia como lo es: La Unidad de Igualdad de Genero y No Discriminación; osarse a recortar un las ramas de INE en la busqueda de reducción de un gasto necesario para el amparo de los derechos politico-electorales, daría píe a que este organo constitucional quedara a merced de la limitada base de capital humano y economico para velar por la democracía, misma que no tiene precio alguno para los mexicanos que tanto han luchado por ella.

Los comicios del 2024 se acercan y este año los ciudadanos del Estado de México y Coahuila, estos dos estados tienen una cita el 4 de junio en las urnas para elegir nuevo gobernador y renovar 27 diputaciones locales que integrarán la LXIII Legislatura, en el caso del Estado de México, la tarea no es nada sencilla, debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se juega su bastión más importante a nivel nacional, es por ello que a fin de no afectar el funcionamiento ya “ordinario” de los comicios, el mismo Presidente Consejero del INE (Lorenzo Cordova Vianello) junto con el Consejero (Ciro Murayama) han exhortado a la población a perseguir por la vía jurídica recursos de amparo, inconstitucionalidad y controversias constitucionales a favor de la democracia, comentando que sería un grave retroceso echar a la basura 30 años de democracia plural, justa e imparcial, es vital enfatizar que para que dichos recursos jurídicos mencionados para echar para atrás la reforma en caso de ser aprobada por el Senado, deberán ser interpuestos y presentados de inmediato un vez haya sido votada, debido a que se precisa de una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte voten en contra en caso de que se llegara a aprobar el “Plan B”, esto de acuerdo a lo que expresa el Artículo 105 constitucional prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales federales, por lo que a partir de junio el Congreso estará impedido de realizar modificaciones de esta índole.

Muchos mexicanos se han sumado a dicho llamado y han convocado a marchas tanto a nivel nacional como internacional este 26 de febrero para protestar por la defensa constitucional del INE como órgano rector y consumador de elecciones justas y democráticas en nuestro país, tal cual lo hicieron el pasado 13 de noviembre donde miembros de la sociedad civil provenientes de diversos estratos sociales, mostraron su desacuerdo con el “Plan A” de la reforma constitucional.

El ímpetu por defender lo nuestro siempre ha sido un faro en los momentos más oscuros de esta gran nación, desmerecer los grandes avances y reconocimientos globales que ha tenido nuestro país en materia electoral en las últimas tres décadas, sería atentar con las libertades políticas, civiles y democráticas que fundaron a base de esfuerzo y dedicación el estado que hoy tenemos; es vital hacerle un recordatorio a la administración actual y a las venideras que la ciudadanía manda, nosotros ponemos y decidimos qué se hace o no, porque…

“LA DEMOCRACIA ES UN BIEN PÚBLICO Y ESTA NO SE TOCA”.

Referencias